El gobernador de California, Gavin Newsom, y legisladores estatales demócratas acordaron el lunes limitar el alcance de una de las principales regulaciones ambientales del estado en un acuerdo presupuestario de última hora.
Los grupos ambientalistas han expresado su preocupación. “Están vinculando la financiación de servicios esenciales como la atención médica y la educación a este cambio de política masivo que retrasará drásticamente las evaluaciones ambientales de algunas de las instalaciones más contaminantes de California”, declaró Asha Sharma, directora de políticas estatales del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad.
La medida, denominada AB 131, desató un frenesí de cabildeo de última hora por parte de grupos ambientalistas y sindicales durante el fin de semana tras su presentación el viernes. El lunes por la mañana seguían cabildeando, con Teamsters, United Auto Workers y United Steelworkers vinculando la medida a la derogación de la Ley Nacional de Política Ambiental por parte de la administración Trump y advirtiendo que “daría a empresas como Tesla carta blanca para expandirse sin ninguna supervisión ambiental”.
Los legisladores aprobaron el lunes un proyecto de ley presupuestaria que exime a una amplia gama de proyectos de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), incluyendo la reducción de combustible para incendios forestales, las mejoras del sistema de agua, partes del proyecto ferroviario de alta velocidad e instalaciones de fabricación avanzada como plantas de semiconductores y vehículos eléctricos.
Este es el giro más reciente, y el más significativo, en la tendencia que Sacramento lleva años desmantelando la CEQA, una ley histórica que data de la década de 1970 y que exige que los proyectos de construcción no solo analicen su impacto ambiental, como también lo exige la ley federal, sino que también lo aborden. Los ambientalistas defienden la ley como esencial, y los defensores del crecimiento la critican por considerarla un obstáculo para el desarrollo vital de vivienda, infraestructura e industrial.
Pero tuvieron poca ventaja: Newsom adjuntó su proyecto de ley insignia a la aprobación del presupuesto estatal de 320 mil millones de dólares, que podría firmar el lunes por la noche. Y uno de los principales actores sindicales, el Consejo Estatal de Oficios de la Construcción, se mantuvo al margen, confirmando la semana pasada la eliminación de otra disposición que, según ellos, podría reducir los salarios en la construcción.
